Expertos en migración y en política del Norte de África consultados no prevén un ‘verano caliente’ de inmigración en el Estrecho, pese a la muerte de al menos 37 inmigrantes en el último salto de unas 2.000 personas a la valla de Melilla por el paso fronterizo de Barrio Chino, según las cifras facilitadas por las ONG que trabajan sobre el terreno.
A pesar de la tragedia que ha conmocionado al mundo occidental, el investigador arabista de la Universidad de Granada experto en Derechos Humanos, José Carlos Cabrera Medina, no ve probable que lo ocurrido en Melilla pueda significar también un “verano caliente” en inmigración en el Estrecho de Gibraltar.
“Sin duda, el verano será más caliente en la costa oriental, porque habitualmente el flujo del Estrecho se corresponde con el perfil de un inmigrante originario de Marruecos, que lo ha pasado muy mal en la pandemia, pero tiene un arraigo o familiares en España. Además, es una inmigración con un mayor poder económico, que puede conseguir 1.500 o 2.000 euros para cruzar el Estrecho en una moto de agua”, afirma Cabrera Medina, que sostiene que en la inmigración irregular también “hay clases sociales”. No obstante, el arabista añade que “puede darse un repunte de inmigración en el Estrecho hacia los días 10 y 11 de julio, coincidiendo con la Fiesta del Cordero y en función de la meteorología”.
Controles por dinero
Por su parte, el experto en Derecho del Norte de África y escritor, José Angel Cadelo, coincide con esta opinión, que justifica en razones económicas. “A los 30 millones de euros al año abonados por España a Marruecos para que controle la salida de inmigrantes desde sus costas a España hay que sumar ahora la idílica luna de miel que viven nuestros reinos. Marruecos va a seguir impidiendo que salgan pateras de sus costas, porque recibe ayudas de España y la Unión Europea -equipos de telecomunicaciones, cámaras o vehículos 4×4, por ejemplo-, pero sobre todo el espaldarazo impagable a la marroquinidad del Sahara. No podíamos haberles dado más”, afirma con rotundidad.
Mientras crece la condena internacional a medida que se conocen nuevos detalles sobre lo ocurrido en Melilla, cuyos hechos aún no se han aclarado totalmente, miembros del Parlamento Europeo, de la Unión Africana y de un comité especial de las Naciones Unidas han sido los últimos en exigir una investigación que arroje luz sobre la tragedia.
Ante la creciente presión nacional e internacional, la fiscal general del Estado español, Dolores Delgado, ha ordenado la apertura de una investigación para esclarecer la cadena de acontecimientos que condujo a la masacre. Por su parte, la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH) ha pedido esta semana a la Fiscalía marroquí que se haga la autopsia a los fallecidos y se abra una investigación “urgente, exhaustiva y transparente” sobre la muerte de al menos 23 personas en ese intento de saltar la valla.
Unos 2.000 migrantes intentaron cruzar la frontera el 24 de junio, una muchedumbre que provocó una estampida mortal y dejó cientos de heridos, entre ellos autoridades marroquíes y españolas. Aún no está claro cuántos murieron al caer de la valla, atrapados en la estampida o como consecuencia de las acciones de los agentes de control fronterizo.
Por su parte, los 133 inmigrantes que lograron saltar al lado español del paso fronterizo de Barrio Chino y llegar hasta el Centro de Estancia Temporal de Extranjeros (CETI) de Melilla, en su mayoría sudaneses, han solicitado protección internacional en España, según confirmaron a varias agencias españolas fuentes del Ministerio del Interior.
El alcance de la tragedia
Tanto Cadelo como Cabrera coinciden en señalar que “aún desconocemos el alcance real” esa tragedia, que califican de “tremenda y evitable”. “Y tardaremos mucho tiempo en saber cuántos fueron los heridos y los muertos y en qué circunstancias se produjeron”, apunta.
Él explica lo sucedido dentro de un contexto general de endurecimiento de las políticas migratorias de España y Europa, “que afrontamos con enorme hipocresía” porque, indica, tanto España como Europa “están externalizando el control de sus fronteras” para que Marruecos y Turquía “realicen un trabajo que nosotros preferimos no tener que hacer”. Porque el aumento de la presión y la violencia migratoria “requiere cada vez más el uso de la fuerza”.
Botes de humo, gases lacrimógenos, asfixia en un embudo humano en el que los que iban detrás aplastaban a los de delante, infartos, cansancio, estrés y debilidad física por el régimen de vida de estos migrantes en el Monte Gurugú son algunos de los motivos de muerte barajados en este asalto a la valla de Melilla.
“Lamentablemente, nada de esto es nuevo”, opina Cabrera, salvo “que hemos sabido que han existido fallecidos porque es una propia ONG de derechos humanos marroquí la que lo denuncia, enviando vídeos a los medios de comunicación internacionales. Esto es un signo de modernidad de la sociedad civil marroquí que hasta ahora no habíamos visto”, añade.
Hacia el Reino Unido
Otro cambio importante en los flujos migratorios del Norte de África, sostiene este arabista, radica en el perfil de los migrantes que, hasta la pandemia, procedían de países del África Occidental como Nigeria, Níger o Argelia, mientras que ahora llegan más del África Oriental hasta cruzar a zona española “también por esta ruta”. Y, otro dato más: “la mayoría de ellos son anglófonos y ahora buscan llegar al Reino Unido para mejorar su vida”.
Los asaltos a la valla se producen por parte de una ‘masa estancada’ de inmigrantes subsaharianos que se encuentran esperando pasar a Europa, afirma Cabrera, “porque no tienen posibilidad de mejorar ni alternativas en Marruecos. Son irregulares, están en condiciones muy precarias y son subsaharianos”, asegura. Por lo tanto, se encuentran en estado de máxima vulnerabilidad en Marruecos y, al no tener posibilidad de regularización, “se ocultan en barrios marginales o bosques”, añade. Muchos compran una escoba, “porque si limpian las calles, hay gente que les da dinero y pueden sobrevivir”, relata Cabrera.
Un cambio necesario
Los dos expertos coinciden en que la sociedad española y también la europea ha de entender que nada cambiará en el drama de la inmigración procedente del Norte de África si no se modifican las actuales políticas migratorias respecto a los países ribereños de la orilla sur. “La situación no cambiará, sino que se incrementará, porque no hay una perspectiva humana o social”, insiste Cabrera.
El acuerdo hispano-marroquí que ha reabierto las fronteras con el vecino del Sur “no menciona el acompañamiento social y lo lamentable es que esto es así desde hace veinticinco años. Yo echo de menos en los acuerdos hispano-marroquíes recientes que se impulsen buenas prácticas de atención a refugiados. Porque, cuando no hay un control de los flujos migratorios, son las mafias quienes ocupan este espacio”, asegura.
Cadelo, por su parte, insta a la sociedad a preguntarse “si esto es lo que queremos. Si es así, sigamos pagando a otros para que nadie se cuele en España mientras presumimos de quitar concertinas, recoger inmigrantes en el mar o conceder asilo político. Si no, habrá que dotar de medios a nuestra policía para contener esos saltos a la valla, desde el escrupuloso respeto a los derechos humanos y a la ley”.
Los países con más recursos naturales de África están en manos de gobiernos autoritarios que padecen una gran desafección por sus pueblos, recuerda Cadelo. “Esos gobiernos, que han ido nacionalizando todos sus recursos naturales, reciben el apoyo de las máximas potencias del mundo. Esta situación dramática podría ser revertida, por supuesto, si hubiera una voluntad política entre los países desarrollados”. Pero nadie está dispuesto, por ahora, a asumir el coste, a menos que la presión migratoria se vuelva insoportable.
En ese momento, habrá que dilucidar cómo conseguir recursos naturales que ahora ofrece África al mundo desarrollado: el 90% del platino del mundo; el 80% del coltán -que está prácticamente todo en el Congo-, imprescindible para la electrónica, aparatos de navegación o teléfonos móviles; un 60% del cobalto; un 70% del tantalio, también demandado en electrónica; un 46% de los diamantes o un 40% del oro del mundo.
“Exigiremos a esos gobiernos que inviertan lo que les pagamos en carreteras, en escuelas, hospitales, bibliotecas, policías, justicia o liberalización de mercados. Y eso nos encarecería el precio del producto procedente de esos minerales, pero generará un desarrollo económico y social capaz de reducir considerablemente la presión migratoria”, concluye Cadelo.
Crónica de frontera 