Estos días están pasando cosas importantes. Hace pocas fechas, leía la noticia de que España espera poder tener un acuerdo respecto a la situación de Gibraltar tras la entrada en vigor del Brexit para este mes de octubre. El propio presidente español, Pedro Sánchez, aparcó los peliagudos asuntos de soberanía y aeropuerto en su comparecencia ante la Asamblea General de las Naciones Unidas el jueves pasado para centrarse en el mensaje de convertir el Brexit en una oportunidad para Gibraltar y el Campo. En lo que se refiere al Campo, sí sería deseable que se avanzara en ese plan integral y que se trate como asunto de primer orden la singularidad de La Línea. Es fundamental.
El ministro de Exteriores, Josep Borrell, mostró su optimismo sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo global respecto a Gibraltar en unas discusiones donde, reconoció a la prensa española, también estaba el Ejecutivo del Peñón. Hasta el director del Instituto Cervantes avanzó que se reabrirá la sede gibraltareña. Yo me alegraría infinito si volviera ya mi querido Francisco Oda, al que echamos de menos por aquí. Sin embargo, creo que para llegar a eso, todavía quedan algunos pasos previos.
Del otro lado, el Gobierno gibraltareño viene trabajando a toda máquina en una ofensiva política con el Reino Unido desde el mismo día en que se supo el resultado del referéndum para que su situación tenga un reconocimiento expreso. Así como se tiene en cuenta la delicada situación que generará el Brexit en Irlanda del Norte o el caso escocés. Para colmo ha surgido una polémica impresionante, porque el tribunal civil más importante de Escocia remitió hace una semana una apelación al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) para preguntarle si la salida del Reino Unido puede ser revocada de forma unilateral.
Todos los pasos de la alta política se van encaminando hacia la búsqueda del consenso, porque la cosa ya se está poniendo seria. Nadie, ni España ni el Reino Unido, ni Gibraltar ni tampoco el Campo quieren que esto suponga una factura económica y de empleo más elevada de lo estrictamente necesario. Y tratan de minimizarse los efectos de la incertidumbre para ofrecer esa imagen de certeza que los ciudadanos necesitan.
Con la llegada al poder de los socialistas en España, entiendo que ese acuerdo -del que aún se desconocen los detalles y esto es una opinión personal- debería recobrar la inspiración de los Acuerdos de Córdoba de 2006. En primer lugar, porque esa fórmula fue un trabajo de la administración socialista encabezada entonces por Miguel Ángel Moratinos; es decir, el actual Ejecutivo tiene su propio modelo sobre la mesa. Modelo que, a la sazón, siempre ha sido reclamado por el Peñón desde que se fulminó sin miramientos por parte de España.
Yo diría que realmente se fue apagando con la marcha de Moratinos y la llegada de Trinidad Jiménez. Aunque luego el PP lo finiquitó, con episodios difíciles de olvidar, especialmente en 2013, que nos rememoraron épocas pasadas y bastante tristes de la historia reciente de esta zona.
Los Acuerdos de Córdoba abordaron asuntos sobre el terreno que son de primer orden para la coordinación territorial de un área sometida a tantas tensiones, desde el medio ambiente hasta la fluidez en el paso entre La Línea y Gibraltar, además de las pensiones o los derechos laborales de los transfronterizos.
Ahora, cuando el tiempo ya apremia en la cuenta atrás hacia el Brexit, no sé si alguien recordará que aquello tuvo un efecto muy positivo en Gibraltar, pero también en el Campo y en La Línea. Y, ante todo, contribuyó a algo fundamental y tan importante como sus efectos concretos, que fue reducir el nivel de desconfianza histórica entre ambos lados y fomentar de forma exponencial la cooperación transfronteriza.
Crónica de frontera 